Año2 / No.25 - 10/12/08

En el marco del III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes es oportuno recordar las recomendaciones realizadas en el Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños del año 2006, que explicita acciones concretas para luchar por la erradicación de la explotación sexual infantil.
Este es un llamamiento a instancias gubernativas internacionales para la creación de un sistema de protección universal garantizado para todos los niños, niñas y adolescentes.

1. En todos los países se debe formular una estrategia, política o plan de acción nacional [para hacer frente a la violencia y el abuso sexual de los niños y niñas] con objetivos y calendarios realistas, coordinado por un organismo que tenga capacidad para lograr la participación de múltiples sectores –responsabilidad principal del gobierno.

2. Leyes y políticas que prohíban [el abuso y la explotación sexual de la infancia] en todos los entornos – responsabilidad del gobierno.

3. Dar prioridad a la violencia contra la infancia abordando sus causas subyacentes – responsabilidad del gobierno, con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y otros organismos de asesoramiento y ejecución.

4. Acciones dirigidas a transformar las actitudes que condonan, aceptan y fomentan [el abuso y la explotación sexual de la infancia], incluidos los papeles de género estereotipados y la discriminación... – función del gobierno, de los organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que influyen en las actitudes y comportamientos sociales como, por ejemplo, los medios de comunicación.

5. Programas sistemáticos de educación y capacitación para profesionales que trabajan con los niños y niñas a fin de prevenir, detectar y responder al [abuso y la explotación sexual de la infancia] – responsabilidad de todas las organizaciones, grupos y organismos que colaboran directamente con la infancia como, por ejemplo, las asociaciones profesionales que representan a los profesores o a los profesionales médicos.

6. Servicios de salud y sociales accesibles, de calidad y asequibles que tengan en cuenta a los niños y niñas, asistencia jurídica independiente a los niños y niñas y a sus familias si experimentan casos de [abuso y explotación sexual infantil] – responsabilidad del gobierno en primer lugar (en particular en lo que se refiere a los recursos necesarios para estos servicios, con el apoyo de organismos que proporcionen apoyo a las víctimas).

7. Participación activa de los niños y niñas y el respeto de sus opiniones en todos los aspectos de la prevención, la respuesta y la vigilancia del [abuso y la explotación sexual contra ellos] – responsabilidad de todos aquellos que trabajan con y para la infancia, en todos los ámbitos.

8. Mecanismos seguros, bien publicitados y accesibles para los niños y niñas, sus representantes y otras personas para denunciar [el abuso y la explotación sexual de la infancia] – en este caso la gestión por parte del gobierno es de vital importancia, en especial a través de los organismos regionales pertinentes, con el apoyo de organismos que puedan poner en marcha los servicios y realizar el seguimiento de los mismos para aquellos que los utilizan.

9. Que todos los que cometan actos de [abuso y explotación sexual contra la infancia] rindan cuentas ante la justicia – responsabilidad del gobierno a través de sus medios judiciales y policiales, pero responsabilidad también de quienes ostentan responsabilidades administrativas o cuya posición permite la vigilancia.

10. Que las políticas y los programas se elaboren y apliquen con una perspectiva de género, teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo a que se enfrentan las niñas y los niños – responsabilidad de todas aquellas personas que formulan, aplican, apoyan o inciden en las políticas y programas de prevención del abuso y la explotación sexual, de protección de la infancia, de apoyo a las víctimas, o que trabajan con los perpetradores de estos delitos.

11. Mejorar los sistemas de reunión de datos e información a fin de detectar a los niños y niñas vulnerables, informar las políticas y la programación y hacer un seguimiento de los progresos – responsabilidad del gobierno principalmente, con apoyo de organismos experimentados en recogida de datos y labores de seguimiento, como la OIT y UNICEF.

12. Ratificación y aplicación de todos los tratados y las obligaciones internacionales pertinentes – función del gobierno y de los organismos regionales; los organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil desempeñan un papel importante en la defensa y el apoyo de los responsables de la toma de decisiones en el gobierno en lo que respecta a esta cuestión.